La Secretaría de la Función Pública tiene –por Ley 1.626/2000- el mandato de llevar el registro del funcionariado pero existen instituciones que no remiten sus listas, explicó la Ministra.
Dijo que muchas instituciones y entre ellas está el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley que otorga a la SFP la competencia de llevar el registro de funcionarios. “En consecuencia, nos encontrábamos en la imposibilidad de acceder a las listas” dijo.
Destacó que se tenía la información de que había contrataciones irregulares de gente que figuraba en las planillas de pago pero no se les había asignado ninguna función.
“Creo que este es un momento oportuno para debatir lo que es una vergüenza para el país” expuso al referirse a que la investigación fiscal halló futbolistas, periodistas y otros que tienen sueldos del erario público sin prestar servicios.
Lamentó que otras instituciones se hayan escudado en medidas cautelares que dijo, espera que ahora se reviertan al designarse un nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Recordó que el propio Poder Judicial se adjudicó una acción de inconstitucionalidad que no permite el control de su funcionariado.
Tampoco las entidades binacionales reportan datos de sus funcionarios y en la misma situación estaba la Municipalidad de Asunción pero anunció que hubo conversaciones con el Intendente Arnaldo Samaniego para superar esa etapa.
Lilian Soto consideró imprescindible que se unifiquen las políticas públicas para los tres poderes del Estado. “El principio ineludible es que el dinero que maneja el Estado, es dinero de todos los contribuyentes. Lo básico es que se tenga un registro de todas las personas que perciben salarios del Estado porque es una información que no se le puede ocultar a la ciudadanía”.
Fuente: Secretaría de la Función Pública